La crisis política y social en Bolivia se profundiza con escenas de la zona central de La Paz completamente militarizada y la actividad política prácticamente paralizada. Manifestantes convocados por sectores afines a Evo Morales mantienen en vilo al gobierno de Rodrigo Paz, con protestas que incluyen el uso de dinamita y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, según corresponsales argentinos desplegados en la capital boliviana.
Evo Morales, el expresidente que enfrenta acusaciones de abuso de menores y un pedido de captura, dirige desde la clandestinidad las movilizaciones contra el gobierno. El gobierno boliviano y Estados Unidos acusan a Morales de impulsar un intento de golpe de Estado, mientras el líder cocalero señala a Washington como responsable de desestabilizar al país. La situación recuerda la crisis de 2019 que terminó con su salida del poder.
La crisis económica subyacente agrava el panorama político. Bolivia enfrenta la caída de sus exportaciones de gas natural, escasez de combustible que genera largas filas en las estaciones de servicio, presiones inflacionarias y falta de dólares. El Palacio Quemado, sede simbólica del gobierno, permanece rodeado de fuerzas militares mientras el Congreso ha suspendido sus actividades.
Analistas argentinos señalan que la oposición boliviana está desarticulada tras la lucha fratricida entre las facciones de Morales y el expresidente Luis Arce dentro del Movimiento al Socialismo, lo que paradójicamente genera mayor caos al no haber una conducción institucional clara de las protestas. La comunidad internacional observa con preocupación cómo Bolivia se suma a la lista de países latinoamericanos en grave inestabilidad política.