La Tesorería General de la República avanzó en el cobro de las deudas del Crédito con Aval del Estado, una gestión que fue respaldada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavés. La autoridad sostuvo que el CAE corresponde a un crédito que debe ser restituido al Estado y que, por lo tanto, los recursos comprometidos tienen que ser recuperados a través de las acciones que está emprendiendo el organismo.
Pavés afirmó que el aumento de la morosidad en estos créditos se explica, en parte, por las expectativas generadas durante la administración anterior respecto de una eventual condonación de la deuda. Pese a ese señalamiento, el subsecretario descartó que el gobierno busque confrontar al expresidente Gabriel Boric en medio de esta discusión y enmarcó las medidas como un asunto de recuperación de recursos públicos.
Desde la vereda contraria se planteó que la situación se arrastra desde 2015 y que no se trata de un problema originado durante el gobierno del expresidente Boric. Esa lectura buscó relativizar la responsabilidad atribuida a la administración anterior y situar el origen del endeudamiento en un período más amplio que el de un solo gobierno.
En esa línea se hizo un llamado al gobierno a revisar la forma en que la Tesorería está ejecutando los pagos. Las peticiones apuntaron a tres puntos concretos: discutir la flexibilidad de los pagos, detener los embargos en curso y presentar un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior.
La oposición acusó al ejecutivo de politizar la crisis estudiantil y exigió soluciones de fondo frente al endeudamiento asociado al CAE. En el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional Luis Pardo planteó la necesidad de generar mayores facilidades para quienes enfrentan estas deudas, en medio de un debate que cruza tanto al gobierno como a la oposición.
En paralelo, el Ministerio de Vivienda descartó de plano que los embargos vinculados a esta gestión afecten los fondos depositados en las libretas de ahorro para la vivienda. Con esa precisión, la cartera buscó despejar la inquietud sobre un eventual impacto del cobro de las deudas en los ahorros destinados a la adquisición de viviendas.