Este lunes comienza a sesionar la comisión revisora encargada de analizar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La iniciativa, impulsada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, marca el inicio formal de un proceso que se desarrolla en medio de un intenso debate político en el Congreso.
La acusación ha generado reacciones contrapuestas entre las distintas fuerzas. Mientras sectores de la oposición la respaldan, otros la calificaron como una acción irresponsable. Desde el oficialismo, en tanto, llamaron a analizar el libelo con objetividad y a revisar su contenido antes de emitir un juicio sobre el fondo del asunto.
Sus impulsores fundamentan la acusación en presuntos errores en las proyecciones de la deuda pública elaboradas durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026. Ese es el eje central sobre el que se construye el libelo y el punto que la comisión revisora deberá ponderar en las próximas etapas del proceso.
No obstante, diversos actores políticos y expertos han cuestionado la solidez jurídica de la acción. Una abogada sostuvo que la acusación contiene principalmente argumentos de carácter político y advirtió que los principios constitucionales invocados no constituyen incumplimientos que puedan ser sancionados mediante una acusación constitucional.
Entre quienes la apoyan figura el diputado Javier Olivares, del Partido de la Gente, uno de los firmantes del libelo. Olivares afirmó no entender por qué no se activaron antes los mecanismos de fiscalización de que dispone la Cámara de Diputados y expresó su confianza en que la acusación avance y no se caiga en el Senado, como anticipan algunos sectores.
En esta primera jornada, la comisión revisora de la Cámara de Diputados deberá definir el cronograma de trabajo y el calendario de audiencias que marcarán la tramitación de la acusación constitucional. De esos plazos dependerá el ritmo con que el caso avance hacia su votación en la Cámara Baja y, eventualmente, en el Senado.