La compraventa de vivienda en España rompió en junio una racha de cinco meses consecutivos de caídas. Durante ese mes se vendieron casi 60.000 viviendas, lo que supone un 1,6% más que hace un año. El dato apunta a una ligera reactivación del mercado tras varios meses a la baja.
Sin embargo, la vivienda protegida sigue perdiendo peso dentro de ese mercado. Del total de operaciones de junio, solo unas 3.600, apenas un 6%, correspondieron a viviendas protegidas, un porcentaje aún menor que el registrado en junio del año pasado. La cifra confirma que cada vez se venden menos viviendas de protección oficial.
El problema de fondo está en la caducidad de la protección. Un ejemplo es el de un edificio que, pasados quince años, perdió su protección pública y ahora podría venderse a precio libre. Ese mecanismo permite que viviendas levantadas con inversión pública terminen en el mercado sin límites de precio.
El fenómeno afecta a un volumen enorme de viviendas. Cerca de 400.000 viviendas protegidas construidas en los últimos 35 años ya han perdido esa condición, y la cifra superará las 700.000 en 2030. Las críticas son contundentes: 'No tiene ningún sentido. Es como si nos estuviéramos librando alegremente del patrimonio que nos ha costado a todas y todos un montón conseguir'.
Detrás de muchas de estas operaciones aparecen los fondos de inversión. Algunos han comprado bloques enteros de vivienda pública con la vista puesta en que la protección caduque. 'Esto es una estafa en toda regla', se denuncia en el reportaje, en referencia a cómo un patrimonio construido con dinero público termina en manos privadas.
El caso de los alquileres ilustra el impacto directo sobre los vecinos. Un fondo adquirió viviendas de alquiler público y, al expirar la protección, cambió las condiciones a los inquilinos. 'En el año 2006 empezamos unos 520 euros al mes y ahora en el 2026 estamos pagando 1.200', relatan algunos vecinos afectados por la subida.
La empresa que gestiona los alquileres asegura que respetará los contratos, pero los vecinos temen que el fondo acabe vendiendo los pisos a precio de mercado. '¿Por qué me tengo que marchar yo de mi hogar?', se preguntan los afectados. En España, dos de cada tres viviendas protegidas se han construido para la compraventa, de modo que, al vencer la protección, la inversión pública acaba en el bolsillo de particulares que pueden venderlas a precio libre.