El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley por el que se modifican diversas leyes para la digitalización y la modernización del sector financiero, y ha acordado su remisión a las Cortes Generales. Con esta aprobación, el Gobierno pone en marcha la tramitación parlamentaria de una norma que pretende actualizar de manera amplia el marco en el que operan bancos, sistemas de pago y otros actores del sistema financiero español.
El objetivo declarado de la ley es adaptar la legislación española al marco europeo y poner al día áreas clave del sistema financiero. Se trata, según ha explicado el Gobierno, de aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización sin renunciar por ello a dos principios que se consideran irrenunciables: la protección de los usuarios de los servicios financieros y el mantenimiento de la estabilidad financiera en su conjunto.
Uno de los aspectos más destacados del texto es que contempla la aplicación de la normativa europea sobre criptoactivos. De este modo, España incorpora a su ordenamiento las reglas comunitarias que regulan este tipo de activos digitales, un ámbito que había crecido con rapidez y que hasta ahora se movía en un terreno con menos garantías. La norma busca así ofrecer un marco más claro tanto para los operadores como para los usuarios de criptoactivos.
La ley también refuerza la ciberseguridad y la operativa del sistema de pagos a través del reglamento europeo conocido como DORA. En paralelo, abre los pagos a nuevos operadores, lo que supone permitir la entrada de más actores en un terreno que tradicionalmente ha estado en manos de las entidades financieras clásicas. Con ello se pretende aumentar la competencia y la resiliencia del sistema frente a incidentes y ataques informáticos.
En el capítulo de infraestructuras, la norma moderniza elementos críticos del sistema, como Iberpay, e impulsa la transparencia mediante la conexión al punto de acceso único europeo. Estas medidas buscan que las tuberías por las que circula el dinero y la información financiera estén mejor preparadas para un entorno cada vez más digital, y que los datos relevantes sean más accesibles y estén más integrados a escala europea.
Finalmente, la ley relanza el sandbox financiero, un espacio controlado de pruebas pensado para facilitar la innovación en el sector. Este mecanismo permite ensayar nuevos productos y servicios financieros en un entorno supervisado antes de su lanzamiento general. Con el conjunto de estas medidas, el Gobierno presenta la reforma como un paso para situar al sistema financiero español en mejores condiciones ante la transformación digital.