El Consejo de Seguridad Nuclear ha dado luz verde a la prórroga de la central nuclear de Almaraz, en Extremadura, en una decisión que abre la puerta a que la planta siga funcionando más allá del calendario de cierre que tenía previsto. Según ha informado RTVE, el organismo ha respaldado técnicamente que la instalación continúe operativa, en lo que constituye un paso clave para el futuro de la energía nuclear en España y que, sin embargo, no es todavía la palabra definitiva sobre el asunto.
De acuerdo con el aval del Consejo, la vida útil de la central se prolongaría al menos tres años más, hasta 2030. Esa ampliación situaría el funcionamiento de la planta por encima de las fechas fijadas en el calendario de cierre que estaba en vigor, y responde a la solicitud presentada por las compañías eléctricas propietarias, que habían pedido extender la explotación de la instalación durante ese periodo adicional.
Un aspecto esencial de la decisión es que el dictamen del organismo no tiene carácter vinculante. Por ese motivo, la última palabra corresponde ahora al Gobierno, que será quien decida finalmente si autoriza o no la prórroga. En concreto, el informe se remitirá al Ministerio para la Transición Ecológica, que dispone de un plazo de dos meses para pronunciarse sobre la continuidad de la central extremeña.
La central de Almaraz, que cuenta con dos reactores, se convertiría de este modo en la primera del parque nuclear español en prorrogar su vida útil tras la petición de las eléctricas. Su caso adquiere así una relevancia que va más allá de la propia instalación, ya que se interpreta como un banco de pruebas de lo que podría ocurrir con el resto de centrales que integran el mapa nuclear del país en los próximos años.
En efecto, la resolución sobre Almaraz se contempla como el primer test para ver si se amplía también la vida útil del resto del parque nuclear español. La forma en que se resuelva este expediente marcará una referencia para las decisiones que haya que adoptar sobre las demás plantas, en un debate que enfrenta las necesidades del sistema eléctrico con los compromisos adquiridos en materia de calendario de cierre.
Ese calendario fue pactado en 2019 entre el Gobierno y las compañías, y establecía un cronograma escalonado para el apagado progresivo de las centrales. Según ese orden, tras Almaraz las siguientes instalaciones que aparecen en el calendario son las de Ascó, cuyo cierre figura previsto para 2030, de modo que la decisión que se tome ahora condicionará el punto de partida de todo el proceso posterior.
Con el aval técnico ya emitido, el foco se traslada al ámbito político y administrativo, donde el Ejecutivo deberá decidir en las próximas semanas. La resolución que finalmente adopte no solo determinará el futuro inmediato de Almaraz y de la zona en la que se ubica, sino que enviará también una señal sobre la orientación que quiere dar el país a su energía nuclear en un contexto de fuerte debate sobre la seguridad de suministro y la transición energética.