España encabeza el ranking mundial de incidencia de bajas laborales, según un informe analizado en el canal 24 Horas de RTVE con la participación de los responsables del estudio. El dato ha situado en el centro del debate por qué el país se coloca a la cabeza en un indicador tan sensible para el sistema sanitario y para las empresas, que asumen buena parte del gasto que generan estas ausencias del trabajo.
De acuerdo con el estudio, buena parte de la explicación está en el aumento de determinadas patologías. Las enfermedades relacionadas con la salud mental y las musculoesqueléticas se han disparado en los últimos años y suponen cerca del 60% del incremento del gasto en incapacidad temporal registrado en la última década, lo que las convierte en los grandes motores del crecimiento de las bajas.
Los responsables del informe han señalado que lo que diferencia a España de otros países europeos es que se dedica menos tiempo a la prevención y al tratamiento de la salud mental. A ello se suma un cambio cultural en el abordaje de estas patologías, sobre todo después de la pandemia, que ha hecho que las bajas por salud mental se disparen tanto en número como en duración del proceso.
El informe apunta además a un problema de organización. Según se expuso, la incapacidad temporal se gestiona de una manera desorganizada y descoordinada, en la que unos profesionales dan las altas, otros se encargan del seguimiento y otros asumen finalmente el pago. Esa falta de control y de coordinación, sostienen los autores, hace que el gasto sea ineficiente y tienda a dispararse.
Frente a ese diagnóstico, los médicos de atención primaria han defendido con rotundidad su actuación. La incapacidad temporal, han recordado, es un acto puramente médico que se basa de forma exclusiva en criterios clínicos y en el estado de salud del paciente, y nunca en criterios administrativos o económicos, por lo que los facultativos ni generan ni alargan las bajas por voluntad propia.
Lo que realmente prolonga estos procesos, según los médicos de familia, es la falta de recursos y la insuficiente capacidad de respuesta del sistema sanitario. Existe una correlación directa entre el aumento de las listas de espera y la prolongación de las bajas: si un paciente espera meses por una cirugía, una prueba diagnóstica o una cita con el especialista, no se le puede dar el alta, y el médico acaba convertido en un gestor administrativo de un problema organizativo y de demora.
Tanto los autores del informe como los facultativos coinciden en un mensaje de fondo. La incapacidad temporal es, subrayan, un pilar innegociable del estado del bienestar que no debe recortarse, sino gestionarse mejor. Reclaman alinear la gestión clínica con la económica y lograr una mayor coordinación entre atención primaria, inspección, mutuas y empresas, con el objetivo de dar una respuesta más ágil al paciente sin dejarlo desprotegido.