El Tribunal Supremo ha anulado la sanción de 860.000 euros que el Tribunal de Cuentas impuso el año pasado al partido Vox, según ha informado RTVE. La decisión deja sin efecto una de las multas más cuantiosas impuestas en los últimos tiempos a la formación por cuestiones relacionadas con su financiación, y supone un revés para el órgano que había castigado al partido.
El origen de la sanción estaba en unas donaciones en efectivo que el Tribunal de Cuentas había considerado irregulares. El organismo entendió que esos ingresos no se ajustaban a las exigencias previstas para la financiación de los partidos políticos, y por ello decidió imponer a Vox la multa que ahora el alto tribunal ha terminado por dejar sin validez.
Según el relato del caso, en realidad se trataba de ingresos procedentes de la venta de productos de merchandising. El problema, a ojos del Tribunal de Cuentas, era que esos productos no tenían un precio fijado y que las ventas no contaban con facturas, lo que llevó al órgano a sospechar que detrás de esa actividad podían esconderse aportaciones no declaradas al partido.
Vox no aceptó aquella resolución y decidió llevarla ante la justicia. El partido de Santiago Abascal recurrió la sanción al considerarla injustificada, defendiendo que los ingresos cuestionados respondían a una actividad comercial ordinaria y no a un mecanismo para encubrir donaciones que estuvieran prohibidas por la ley.
El alto tribunal ha resuelto ahora ese recurso a favor de la formación. En su fallo, el Tribunal Supremo le ha dado la razón a Vox y ha anulado la sanción de 860.000 euros, descartando los argumentos en los que el Tribunal de Cuentas se había apoyado para imponer el castigo económico al partido.
La clave de la decisión está en la falta de pruebas. El Supremo concluye que no hay elementos que acrediten que esas ventas de productos de merchandising sirvieran para tapar donaciones ilegales, de manera que la sospecha sobre la que se sustentaba la multa no quedaba respaldada por evidencias suficientes que justificaran la sanción.
Con este pronunciamiento, el alto tribunal cierra por el momento la disputa que mantenían el partido y el órgano fiscalizador en torno a esos ingresos. El fallo despeja una de las multas que pesaban sobre las cuentas de Vox y devuelve la cuestión al terreno de lo que el propio Supremo considera acreditado o no en materia de financiación de los partidos.