El Parlamento de Hungría ha aprobado una enmienda constitucional destinada a destituir al presidente de la República, Tamás Sulyok, en una votación que se saldó con 139 votos a favor, seis en contra y ninguna abstención. La reforma supone un paso decisivo en el pulso político que se vive en el país, ya que abre la puerta a apartar del cargo a la máxima figura institucional del Estado y a reordenar por completo el reparto de poder heredado del anterior gobierno.
La iniciativa parte del primer ministro Péter Magyar, quien considera que el presidente Sulyok es un títere del ex primer ministro Viktor Orbán. Según ha argumentado la mayoría parlamentaria, el jefe del Estado habría perdido la confianza pública, un extremo que se ha empleado como justificación para impulsar su destitución mediante la modificación de la Carta Magna, y no a través de un procedimiento ordinario.
Con esta enmienda, Magyar da comienzo formalmente al desmantelamiento de la administración construida por Viktor Orbán, que gobernó Hungría durante 16 años. El actual primer ministro, que asumió el cargo hace apenas dos meses, ha situado las reformas constitucionales en el centro de su acción de gobierno, con el objetivo declarado de revertir la estructura de poder consolidada por su predecesor a lo largo de más de una década.
El presidente Sulyok fue nombrado en el cargo en 2024, en un momento en el que Orbán contaba con una cómoda mayoría absoluta gracias a su partido, el Fidesz. Ahora, tras el cambio de mayorías, sus horas al frente de la jefatura del Estado parecen contadas, una vez que el Parlamento ha respaldado la enmienda que allana el camino para su relevo y para la elección de un nuevo presidente en las próximas fechas.
El nuevo jefe del Estado que designe la cámara ocupará el cargo por un máximo de cinco años, o bien hasta que entre en vigor una nueva Constitución, un texto que el propio Magyar ha prometido impulsar. La formación del primer ministro, el partido de centroderecha Tisza, dispone de dos tercios de los escaños, una mayoría reforzada que le permite modificar leyes orgánicas e incluso la propia Constitución sin necesidad de pactar con el resto de fuerzas políticas.
El conjunto de estas medidas se enmarca en lo que el Ejecutivo húngaro ha bautizado como la operación Fuego Purificador, una ofensiva política cuyo propósito, según sus impulsores, es acabar con lo que describen como la cosa nostra húngara, es decir, la extensa red de clientelismo político tejida durante los años del gobierno anterior. Con ello, el gabinete busca proyectar la imagen de una ruptura profunda con las prácticas del pasado.
La rapidez con la que se están sucediendo los cambios refleja el alcance del giro político que atraviesa Hungría tras el prolongado mandato de Orbán. La destitución del presidente y la promesa de una nueva Constitución apuntan a una reconfiguración de las instituciones del país, cuyo desarrollo y consecuencias dependerán de cómo se articulen en la práctica las reformas anunciadas y del margen de contestación que encuentren dentro y fuera del Parlamento.