El Congreso de los Diputados ha debatido esta semana una proposición de ley orgánica destinada a eliminar los llamados delitos de opinión del Código Penal. La iniciativa, impulsada por SUMAR y respaldada por el PSOE, plantea derogar, entre otros, el delito de injurias a la corona, en una reforma que afecta de lleno al equilibrio entre la protección de las instituciones y la libertad de expresión.
La propuesta no es nueva, ya que arrancó en 2023, pero ha vuelto a cobrar protagonismo tras superar su primer trámite parlamentario. Ese paso se ha producido después de que todas las formaciones políticas del bloque de investidura rechazaran las enmiendas a la totalidad que habían presentado el Partido Popular y Vox contra la norma, lo que ha permitido que el texto continúe su recorrido.
En su contenido, la ley propone eliminar los delitos de opinión, entre ellos las injurias y calumnias a la corona y a otras instituciones del Estado. Con ello, según defienden sus impulsores, se busca equiparar la protección de esas instituciones a la del resto de la ciudadanía en el ámbito penal y civil.
El Gobierno ha subrayado ese enfoque al señalar que, una vez derogadas las injurias a la corona, la Casa Real tendrá a su disposición las mismas normas de protección civil o penal frente a la calumnia o la injuria que cualquier ciudadano. La reforma se plantea, por tanto, como una equiparación de derechos más que como una desprotección de la jefatura del Estado.
La norma va más allá de la corona, ya que también despenaliza los ultrajes a los símbolos nacionales y las ofensas religiosas, en línea, según sus defensores, con lo que marcan los estándares internacionales. Queda fuera de la ley, sin embargo, el delito de enaltecimiento del terrorismo, que se mantiene al margen de esta reforma.
Desde el Gobierno se ha presentado la iniciativa como una muestra de la generosidad propia de una democracia plena, en la que el derecho penal no puede convertirse en un indeseable factor de disuasión de la libertad de expresión. Con ese argumento, sus promotores enmarcan la reforma en una ampliación de los márgenes de la crítica y la opinión pública.
El Partido Popular y Vox, en cambio, han cargado con dureza contra la norma. Han sostenido que serviría para que los ministros puedan injuriar a los jueces sin que el Estado los ampare y para que sus socios puedan atacar al rey sin que el Estado responda, y han llegado a afirmar que lo que se pretende es disolver España como si fuese un azucarillo. La proposición seguirá ahora su tramitación parlamentaria hasta su aprobación definitiva.