El Gobierno de España ha acusado al Partido Popular de adoptar actitudes ultras a raíz de sus críticas a la conocida como Ley de Nietos, en un choque político que se enmarca ya en un clima claramente preelectoral. El Ejecutivo sostiene que el principal partido de la oposición está tratando de sembrar dudas sobre el sistema.
La norma en cuestión está integrada en la Ley de Memoria Democrática, que el Congreso aprobó hace tres años con los votos en contra, entre otros, del PP, Vox, Ciudadanos y Junts. En su desarrollo, la llamada Ley de Nietos amplió los supuestos para acceder a la nacionalidad española e incorporó a nuevos colectivos que hasta entonces quedaban fuera.
El Partido Popular considera que los requisitos se han relajado y califica todo el proceso de opaco. Entre sus reproches, se pregunta por qué se están teniendo que contratar empresas externas para hacer lo que, a su juicio, no pueden hacer los consulados, y cuestiona la premura con la que se está tramitando todo.
Los populares rechazan hablar abiertamente de fraude, pero acusan al PSOE de hacer campaña en el extranjero para tratar de ganar votos. Insisten en que ellos nunca han empleado el término fraude, atribuyendo esa palabra a otros, aunque mantienen sus dudas sobre cómo se está gestionando el acceso a la nacionalidad.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las voces más contundentes, al denunciar lo que describe como ingeniería electoral. Ayuso reclama la presencia de observadores que garanticen el proceso y subraya que deben actuar ya, y no el día de las elecciones, porque, según afirma, es ahora cuando el procedimiento genera inquietud.
Desde el Ejecutivo se responde reprochando al PP que genere dudas sobre el sistema y que trate de deslegitimar el proceso electoral, algo que vinculan a que la oposición empezaría a ver que su estrategia no le da resultado. El Gobierno ha llegado a calificar esa actitud de ultra y antisistema, y asegura que evidencia una falta de proyecto político.
El enfrentamiento se produce en un momento en el que los partidos se sitúan en un escenario preelectoral y con tensiones internas en varias formaciones. El debate sobre la Ley de Nietos, que en principio afecta a descendientes de españoles en el exterior, ha quedado así envuelto en la disputa más amplia sobre la limpieza del proceso y el voto de los residentes fuera del país.