La Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados ha dado un paso importante en la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, al aprobar el dictamen que servirá de base para el debate final. Se trata de un texto largamente esperado por el sector, que aspira a ampliar y reforzar los derechos de las personas con discapacidad en materia de inclusión, autonomía y accesibilidad universal.
El origen de esta reforma se remonta al cambio del artículo 49 de la Constitución, que puso fin a un término considerado absolutamente indigno, el de disminuidos, con el que durante décadas se aludía a las personas con discapacidad. Aquella modificación abrió la puerta a una actualización más profunda de la legislación, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En la elaboración del nuevo texto ha tenido un papel esencial el CERMI, la plataforma que une a todas las organizaciones del ámbito de la discapacidad. Desde el sector subrayan que se ha buscado que todo el movimiento asociativo se sienta incluido, de modo que las distintas entidades hayan podido aportar su visión a lo largo de los trabajos que han desembocado en la reforma.
Los impulsores insisten en que hablar de accesibilidad obliga a hablar también de la enorme diversidad que representa la discapacidad. Las necesidades, recuerdan, son individuales y muy diferentes en cada caso, y todas deben ser atendidas. De ahí que uno de los grandes retos, admiten, sea lograr una toma de conciencia que entienda la discapacidad como un elemento más de esa diversidad.
El mensaje que ha querido trasladar el colectivo es el de la plena ciudadanía. Las personas con discapacidad, defienden, forman parte de la sociedad y son ciudadanas de pleno derecho, algo que, aunque pueda parecer obvio al escucharlo, no siempre se traduce en el día a día. La reforma, sostienen, debe contribuir a que ese reconocimiento se haga efectivo también en la práctica.
No obstante, el dictamen no ha salido adelante sin fricciones. La comisión lo aprobó con veinte votos a favor y diecisiete en contra, después de que algunos grupos mostraran su disconformidad por cuestiones como la financiación y, sobre todo, por el hecho de que se unan en un mismo texto la reforma de la ley de dependencia y la de discapacidad, algo que consideran problemático.
Con el dictamen ya aprobado, el texto deberá debatirse y votarse en el pleno del Congreso, un trámite previsto para el próximo martes. Desde el CERMI tienen claro cuál será su siguiente paso si la reforma acaba saliendo adelante: vigilar que se cumpla, informar sobre su contenido y acompañar a las personas a las que la nueva ley afecte directamente.