El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, un texto largamente esperado por el sector que aspira a ampliar y reforzar los derechos de las personas con discapacidad en materia de inclusión, autonomía y accesibilidad universal. La reforma ha salido adelante con la abstención del Partido Popular, y culmina así un recorrido parlamentario que había arrancado semanas atrás en la Comisión de Derechos Sociales.
El origen de esta reforma se remonta al cambio del artículo 49 de la Constitución, que puso fin a un término considerado absolutamente indigno, el de disminuidos, con el que durante décadas se aludía a las personas con discapacidad. Aquella modificación abrió la puerta a una actualización más profunda de la legislación, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En la elaboración del nuevo texto ha tenido un papel esencial el CERMI, la plataforma que une a todas las organizaciones del ámbito de la discapacidad. Desde el sector subrayan que se ha buscado que todo el movimiento asociativo se sienta incluido, de modo que las distintas entidades hayan podido aportar su visión a lo largo de los trabajos que han desembocado en la reforma.
Los impulsores insisten en que hablar de accesibilidad obliga a hablar también de la enorme diversidad que representa la discapacidad. Las necesidades, recuerdan, son individuales y muy diferentes en cada caso, y todas deben ser atendidas. De ahí que uno de los grandes retos, admiten, sea lograr una toma de conciencia que entienda la discapacidad como un elemento más de esa diversidad.
El mensaje que ha querido trasladar el colectivo es el de la plena ciudadanía. Las personas con discapacidad, defienden, forman parte de la sociedad y son ciudadanas de pleno derecho, algo que, aunque pueda parecer obvio al escucharlo, no siempre se traduce en el día a día. La reforma, sostienen, debe contribuir a que ese reconocimiento se haga efectivo también en la práctica.
El camino no había estado exento de fricciones. El texto había superado previamente el dictamen en la Comisión de Derechos Sociales con veinte votos a favor y diecisiete en contra, después de que algunos grupos mostraran su disconformidad por cuestiones como la financiación y, sobre todo, por el hecho de que se unan en un mismo texto la reforma de la ley de dependencia y la de discapacidad, algo que consideran problemático.
La aprobación de la reforma ha coincidido en la misma sesión con otra votación clave para el sector: la del decreto de ayudas a la dependencia. Ese texto ha recibido luz verde con 317 síes, incluidos los del Partido Popular, frente a los 33 noes de Vox, y supondrá una financiación extra de hasta 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027. Además, se tramitará por el procedimiento de urgencia, lo que permitirá acelerar su puesta en marcha en un ámbito considerado prioritario por el Gobierno.
El respaldo a la dependencia y a la reforma legislativa se ha producido en una jornada marcada, en paralelo, por una derrota del Ejecutivo, que ha visto cómo el Congreso tumbaba la senda de estabilidad presupuestaria. Aun así, el Gobierno ha logrado sacar adelante estas medidas sociales. Desde el CERMI, la plataforma que agrupa al movimiento asociativo de la discapacidad, tienen claro cuál será su siguiente paso: vigilar que la nueva ley se cumpla, informar sobre su contenido y acompañar a las personas a las que afecte directamente.