Espana afronta este martes una jornada clave en materia migratoria, ya que hoy termina el plazo para que los inmigrantes que viven en el pais soliciten la regularizacion extraordinaria. El proceso, que arranco a mediados de abril, permite a quienes cumplen los requisitos obtener un permiso de residencia y trabajo, y muchos solicitantes han apurado hasta el ultimo momento para entregar sus expedientes antes del cierre.
Desde que se abrio la ventana de tramitacion, casi un millon de expedientes han sido entregados, segun los datos manejados hasta ahora. Cada uno de esos documentos resume los proyectos y las expectativas de miles de personas que ven en este paso administrativo la posibilidad de mejorar su calidad de vida y de salir de una situacion de irregularidad que las mantenia al margen del sistema.
El alcance real de la medida, sin embargo, no se conocera hasta que se publiquen los datos oficiales definitivos. Por el momento, las autoridades han admitido a tramite alrededor del 40% de las solicitudes presentadas, una cifra que todavia puede variar a medida que avance la revision de los expedientes acumulados en las ultimas semanas y, especialmente, en las ultimas horas del plazo.
Aun para quienes ya han recibido una respuesta afirmativa, el camino no esta exento de dificultades. Diversos solicitantes denuncian que las trabas administrativas continuan una vez superada la fase inicial, ya que resulta muy complicado conseguir una cita para completar los tramites posteriores, un cuello de botella que ralentiza la incorporacion efectiva de estas personas a la vida laboral y social.
El impacto economico de la regularizacion se percibe con especial fuerza en sectores con alta demanda de mano de obra, como el agricola. En algunas provincias, empleadores del campo confian en que la medida permita contratar a miles de trabajadores adicionales; en una de ellas se calcula que podrian sumarse hasta 10.000 personas, en un sector que en los ultimos tiempos habia tenido serias dificultades para cubrir sus necesidades de personal.
El Gobierno ha defendido la regularizacion como una apuesta por una inmigracion legal y ordenada, alejada de los discursos de odio, y la ha acompanado del anuncio de un plan de integracion que contempla una inversion superior a los 500 millones de euros. Entre sus medidas figuran politicas para facilitar el acceso a empleos de alta demanda, mas plazas de formacion profesional y el refuerzo de los servicios publicos para atender a quienes se incorporan de forma regular al pais.