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La semana política en España ha estado marcada por tres golpes judiciales contra el PSOE y el Gobierno. El expresidente Zapatero ha sido imputado en el caso Plus Ultra por tráfico de influencias. La Unidad Central Operativa ha entrado en la sede del PSOE en Ferraz investigando una presunta trama de boicot a investigaciones judiciales. Además, ha comenzado el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por contratación irregular en la Diputación de Badajoz.
La semana política en España ha estado marcada por una sucesión de actuaciones judiciales que afectan directamente al Partido Socialista y al Gobierno. En primer lugar, se ha levantado el secreto del sumario del caso Plus Ultra, miles de folios que, según el juez Calama, confirman al menos indiciariamente que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero lideraba una trama de tráfico de influencias que cobraba comisiones a través de su amigo, el empresario Julio Martínez.
En segundo lugar, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entrado en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. El juez Santiago Pedraz investiga si Santos Cerdán, cuando era secretario de organización del partido, puso los medios del PSOE a disposición de una trama que trataba de boicotear investigaciones judiciales que afectaban tanto al partido como al Gobierno.
En tercer lugar, ha arrancado en la audiencia provincial de Badajoz el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Es la primera vez que se le ve sentado en el banquillo de los acusados por la supuesta contratación irregular en la Diputación de Badajoz, aunque aún no ha prestado declaración.
Desde el Gobierno, el presidente Pedro Sánchez, que se encontraba en Roma durante la entrada de la UCO en Ferraz, aseguró que colabora con la justicia. No obstante, quiere intervenir en profundidad en el Congreso sobre todo lo que está ocurriendo, aunque en principio dicha intervención no se producirá antes de tres semanas.
El impacto de estas tres causas judiciales simultáneas, aún en fase de instrucción, está teniendo una amplia cobertura mediática y un fuerte impacto entre los ciudadanos. Los analistas señalan que la acumulación de frentes judiciales abiertos representa el momento de mayor presión legal sobre el Partido Socialista en los últimos años.