El Pacto Europeo de Migración y Asilo ha comenzado a aplicarse este viernes de manera obligatoria en toda la Unión Europea, una medida que supone la mayor reforma legislativa en este ámbito desde la crisis migratoria de hace once años. Tras años de negociación y no pocas polémicas, el acuerdo unifica por primera vez los criterios de admisión de inmigrantes para los Veintisiete.
Una de las principales novedades es el refuerzo del control en todas las fronteras exteriores de la Unión. Bajo el nuevo sistema, los migrantes podrán ser retenidos durante un máximo de siete días, y el proceso para resolver su solicitud de asilo o su retorno al país de origen se realizará en un plazo de hasta doce días. Hasta ahora, esos trámites venían durando entre uno y dos años.
El pacto introduce además un nuevo sistema de solidaridad entre los Estados miembros. Países sometidos a una mayor presión migratoria, como España, Italia, Grecia y Chipre, podrían beneficiarse de este mecanismo. A cambio, el resto de socios deberán colaborar reubicando inmigrantes en sus territorios, ofreciendo apoyo operativo o cooperando económicamente.
La aplicación del acuerdo ha generado reacciones encontradas. Los populares europeos defienden que su puesta en marcha es crucial para gestionar las llegadas. Desde el lado socialista, se subraya que, cuando el problema es supranacional, ningún Estado miembro puede resolverlo por sí solo, lo que justificaría una respuesta común del conjunto de la Unión.
El texto que entra en vigor no menciona de forma expresa el traslado de inmigrantes a centros de deportación en terceros países. No obstante, esa posibilidad fue acordada este mismo mes como complemento al Pacto de Migración y Asilo, lo que la mantiene sobre la mesa pese a no figurar de manera explícita en la normativa que ahora pasa a ser obligatoria.
Entre las medidas aprobadas también se incluye un reglamento de crisis, pensado para situaciones excepcionales como llegadas masivas de migrantes, pandemias o catástrofes naturales. Con él, la Unión busca dotarse de herramientas para responder a escenarios de emergencia sin que el sistema de acogida quede desbordado.
A día de hoy, los países de la Unión Europea siguen modificando sus leyes, estructuras y procedimientos para ajustarlos a la nueva normativa. Aunque el pacto ya es de aplicación obligatoria desde este viernes, su puesta en práctica real exigirá un esfuerzo prolongado de adaptación en cada uno de los Estados miembros.