Sumar ha presentado una proposicion de ley para regular las actividades de los expresidentes del gobierno espanol. La medida mas destacada es una prohibicion de 10 anos para que los expresidentes presten servicios a entidades privadas tras abandonar el cargo.
La propuesta incluye un aspecto especialmente polemico: el efecto retroactivo. Esto significa que la normativa afectaria tambien a los expresidentes actualmente en activo en el sector privado, no solo a los futuros exmandatarios.
Sumar justifica la iniciativa en el contexto del caso Zapatero, que esta generando una considerable desafeccion entre los votantes progresistas. El partido considera que no basta con explicaciones y que es necesario pasar a los hechos y actuar con medidas concretas.
La acumulacion de pruebas en los casos de corrupcion que afectan al entorno del Partido Socialista es calificada como ingente por los observadores politicos. Grabaciones, mensajes y autos judiciales extensamente documentados forman parte de las investigaciones en curso.
En paralelo, desde el Partido Popular se ha pedido una mocion de confianza al considerar que el gobierno no tiene mayoria, no puede sacar adelante sus iniciativas y el pais esta bloqueado sin poder presentar siquiera los presupuestos del Estado.
La propuesta de Sumar se suma a un clima politico cada vez mas tenso en Espana, donde los casos judiciales y las acusaciones cruzadas entre partidos dominan la agenda. Los socios de la coalicion tienen cada vez mas dificil sostener al presidente Pedro Sanchez.
De aprobarse la ley, Espana se convertiria en uno de los paises europeos con regulaciones mas estrictas sobre las actividades postpresidenciales. El debate sobre el modelo de puertas giratorias entre politica y sector privado lleva anos siendo una demanda ciudadana.