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Refugiada afgana en Madrid denuncia el secuestro de sus hijos y el nuevo Código Penal talibán que prohíbe a las mujeres denunciar la violencia
Jadija, refugiada afgana en Madrid, denuncia que su exmarido secuestró a sus hijos usando documentos falsificados que declaraban su muerte. Desde España denuncia la violación sistemática de los derechos de las mujeres bajo el nuevo Código Penal talibán que solo permite denunciar cuando hay fracturas visibles, mientras la Unión Europea invita a una delegación talibán para negociar repatriaciones.
Desde un modesto piso en Madrid, una mujer afgana libra cada día una batalla silenciosa por recuperar a sus hijos y por hacer visible la realidad que enfrentan millones de mujeres bajo el régimen talibán. Jadija se divorció de su marido tras seis años de un matrimonio forzoso marcado por los maltratos físicos y psicológicos, pero el precio de su libertad fue perder todo derecho sobre sus propios hijos.
Según su testimonio recogido por la televisión catalana 3/24, su exmarido falsificó documentos oficiales en los que aparece que la madre de los niños ha fallecido, utilizando esa mentira para sacar a los menores de Afganistán sin su consentimiento. En un país donde la custodia pertenece automáticamente al padre y las madres ni siquiera figuran en las partidas de nacimiento, Jadija se encontró legalmente inexistente para sus propios hijos.
La situación de las mujeres afganas se ha deteriorado aún más desde que en enero de este año entró en vigor un nuevo Código Penal talibán que establece condiciones prácticamente imposibles para que una mujer pueda denunciar la violencia que sufre. Solo se admiten denuncias cuando la agresión deja fracturas visibles o heridas abiertas, y además la víctima debe presentarse ante las autoridades acompañada por el propio agresor.
Las restricciones no se limitan al ámbito judicial. Las mujeres no pueden salir a la calle sin acompañante masculino, no pueden viajar libremente ni acceder a la mayoría de empleos. Estas prohibiciones se suman a una crisis humanitaria que golpea con especial dureza a las mujeres y las niñas, atrapadas entre la represión institucional y la miseria económica en un país donde las organizaciones internacionales luchan por mantener sus operaciones.
En un giro que organizaciones de derechos humanos han calificado de alarmante, la Unión Europea ha invitado a una delegación del régimen talibán para el mes de junio con el objetivo de negociar la gestión de retornos de migrantes sin derecho a asilo. Bruselas, que oficialmente no reconoce al gobierno talibán, se enfrenta a críticas de quienes recuerdan que cualquier repatriación forzosa a un país donde la vida de los retornados corre peligro constituye una violación del derecho internacional.