El juez Peinado ha dictado un auto por el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, y le impone una serie de medidas cautelares. Entre ellas figuran la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer de forma periódica en el juzgado. Las mismas medidas se dirigen también contra los otros dos investigados en la causa.
Según el auto, Begoña Gómez será juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, todos ellos vinculados a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense. Junto a ella aparecen como investigados su exasesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
El magistrado justifica las medidas cautelares asegurando que existe un presunto riesgo de fuga. En su argumentación, pone en duda la profesionalidad de la policía y sostiene que en un determinado momento los agentes, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, podrían llegar a colaborar y facilitar esa hipotética huida. El juez califica además de efímera la posición de Pedro Sánchez al frente del gobierno.
Estas afirmaciones han provocado una reacción inmediata del Ministerio del Interior. Su titular, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que trasladará al Consejo General del Poder Judicial su enérgica queja por las consideraciones del auto y ha reafirmado la plena profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
A la queja del ministro se han sumado los sindicatos de policía. Uno de ellos considera la insinuación una barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional, por lo que ha pedido una rectificación inmediata. Otros tres sindicatos se han añadido a las críticas, calificando de inaceptable cualquier insinuación que cuestione la profesionalidad de los agentes y hablando de una ofensa intolerable.
Por su parte, los abogados de Begoña Gómez han anunciado que recurrirán las medidas cautelares. Desde Moncloa describen el auto con los términos persecución, obsesión y desproporción, sostienen que carece de sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos, y consideran impensable el riesgo de fuga al recordar que va acompañada de escolta policial. Las filas socialistas defienden además que no existe ninguna prueba que sostenga las acusaciones y proclaman su inocencia.
La decisión ha abierto también un fuerte choque político. Desde el Partido Popular se ha llegado a hablar de Moncloa como una guarida de delincuentes y a exigir elecciones de forma inmediata, mientras que Podemos ha tachado el auto de bochornoso. La causa, seguida con gran atención, mantiene en el foco judicial a la esposa del presidente del gobierno y a las otras dos personas investigadas, que conservan la presunción de inocencia hasta que se celebre el juicio.