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Arranca en Cataluña el juicio por el presunto retraso en la vacunación de policías

Arranca en Cataluña el juicio por el presunto retraso en la vacunación de policías

Ha comenzado en Cataluña el juicio contra cuatro miembros de la antigua cúpula de la salud catalana, entre ellos la exconsejera Alba Vergés y el exdirector del Instituto Catalán de la Salud, Josep María Argimon. La Fiscalía les acusa de retrasar de forma intencionada la vacunación contra la COVID de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña, y pide doce años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Cinco años después de que empezara la vacunación contra la COVID, ha comenzado en Cataluña el juicio contra cuatro miembros de la antigua cúpula de la salud catalana. Se les acusa de haber atrasado de manera intencionada la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en la comunidad durante la campaña de inmunización.

Entre los cuatro acusados que se sientan en el banquillo figuran la exconsejera de Salud Alba Vergés y el exdirector del Instituto Catalán de la Salud, Josep María Argimon, dos de los nombres que ocuparon responsabilidades de primer nivel en la gestión sanitaria durante los meses más duros de la pandemia.

La Fiscalía solicita para los cuatro acusados doce años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El ministerio público considera que las decisiones adoptadas discriminaron a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que estaban destinados en Cataluña durante el proceso de vacunación, dejándolos en una situación de desventaja frente a otros colectivos.

A la causa se sumó la acusación ejercida por los sindicatos policiales Jucil y Jupol, que reclamaban además tres años de prisión por un delito contra el derecho de los trabajadores. Sin embargo, en el trámite de cuestiones previas celebrado este martes, el tribunal rechazó esa parte de la acusación, acotando así el alcance del proceso.

Por su parte, la defensa atribuye las decisiones a criterios estrictamente médicos y sostiene que el calendario de vacunación se pactó con el ministerio. Con ese argumento, los acusados niegan que existiera una voluntad de perjudicar a los cuerpos policiales y enmarcan sus actuaciones dentro de la planificación sanitaria de aquel momento.

El juicio se prolongará durante siete días más, y está previsto que quede visto para sentencia el 15 de julio. El resultado del proceso servirá para esclarecer si la gestión de aquellas vacunaciones respondió a una decisión técnica o si, como sostiene la acusación, supuso un trato discriminatorio hacia los agentes destinados en Cataluña.

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