Ceuta vive la que sus autoridades y el Gobierno describen como la mayor crisis migratoria de la historia de España. Según el Gobierno, unas 50.000 personas se echaron el jueves al mar desde la costa marroquí para alcanzar las playas de la ciudad, en particular la del Tarajal, mientras otras trataban de saltar la valla fronteriza en un episodio sin precedentes por su magnitud.
El coste humano de esta crisis es elevado. La emergencia deja al menos 57 fallecidos en el mar, mientras la Guardia Civil sigue buscando cuerpos en el agua. Muchos de quienes lograron llegar lo hicieron a nado y sin apoyo de embarcaciones, y algunos de los que alcanzaron la orilla relatan haberse encontrado con personas muertas durante la travesía.
En paralelo, buena parte de las llegadas se ha revertido con rapidez. Según los datos del Gobierno, 24 horas después de aquel jueves más de 48.300 migrantes ya habían vuelto a cruzar el paso para regresar a Marruecos, en el marco de la cooperación entre Madrid y Rabat para gestionar la situación y agilizar los retornos.
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, cifra en unas 60.000 las personas que han entrado con motivo de este episodio, lo que equivale, según él, al 70% de la población de Ceuta. Entre ellas habría unos 7.000 menores, frente a una capacidad ordinaria de acogida para 29, lo que ha obligado a reabrir naves en el Tarajal para poder atenderlos.
La presión sobre los recursos de acogida es extrema. El CETI, el centro de estancia temporal de inmigrantes, está saturado, con cerca de 2.000 personas durmiendo en su entrada y campamentos improvisados en sus alrededores. En las calles quedan grupos de migrantes que esperan asistencia o un lugar donde dormir, y muchos han pasado la noche al raso antes de decidir regresar a Marruecos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado a Ceuta junto al ministro del Interior, ha visitado la frontera del Tarajal y se ha reunido con las autoridades locales. Ha condenado lo ocurrido como una violación de la integridad territorial de España, ha situado el foco en las mafias que trafican con seres humanos y ha anunciado el despliegue de una barrera de boyas en el mar y la repatriación de los migrantes cuanto antes.
El presidente ceutí ha calificado la respuesta del Gobierno de tardía e insuficiente, y la gestión de la crisis ha desatado un choque político, con el PP y Vox hablando de invasión. La crisis ha tenido además eco europeo: Italia ha decretado controles aleatorios en puertos y aeropuertos para quienes viajen desde España, mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido devoluciones rápidas y colaboración con Marruecos.