Un nuevo enfrentamiento entre la Iglesia y el Gobierno de España se ha desatado a raíz de unas declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. En un discurso, el prelado afirmó que cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones, una frase que ha generado una notable polémica en el ámbito político por su dureza.
Argüello enmarcó su comentario en una reflexión de corte clásico, apoyándose en la cita de San Agustín, un autor al que en las últimas semanas también se han referido figuras como el papa León XIV o, en su momento, Benedicto XVI. Sin embargo, fue el matiz añadido al final de sus palabras, al hablar de las trampas a la hora de hacer la declaración de la renta, lo que encendió aún más la controversia.
El Gobierno no tardó en mostrar su malestar, especialmente por la primera parte del discurso. El ministro Félix Bolaños respondió al presidente de los obispos a través de una carta, en la que le trasladaba un razonamiento directo. En ella le preguntaba qué le parecería si el Ejecutivo calificara a la Iglesia como una banda de agresores sexuales, algo que, escribía el propio ministro, sería evidentemente falso y profundamente injusto.
A ese malestar se sumó la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien fue especialmente contundente al reclamar una rectificación. La responsable de Defensa calificó las palabras de Argüello como absolutamente inaceptables y consideró que resultaban totalmente contrarias al propio mensaje que ha venido defendiendo el Papa, por lo que expresó su deseo de que el presidente de la Conferencia Episcopal se disculpara de forma adecuada.
Ante la magnitud de la reacción, el propio Argüello quiso matizar sus declaraciones y aseguró que se le había sacado de contexto. El presidente de los obispos explicó que, cuando hablaba de Estado, no se estaba refiriendo al Gobierno, sino a todos los ciudadanos, en lo que definió como una apelación a la responsabilidad colectiva de cara a una regeneración democrática.
Argüello incidió además en que su intención era interpelar a la sociedad en su conjunto y no señalar a una institución concreta. Al mismo tiempo, deslizó que la correspondencia mantenida con el Gobierno a raíz de esta polémica debería haberse gestionado en un ámbito privado, y no convertirse en un intercambio público de reproches entre la Iglesia y el Ejecutivo.
El episodio ha vuelto a poner de manifiesto la tensión existente en las relaciones entre la Iglesia católica y el Gobierno en España, un vínculo que en los últimos tiempos ha estado marcado por desencuentros en distintos frentes. La polémica llega, además, en un contexto de debate sobre la ética pública, en el que ambas partes reclaman altura y respeto en sus respectivas posiciones.