Los vecinos del municipio de Llíria, en la provincia de Valencia, han vuelto a salir a la calle para mostrar su rechazo a la instalación de una planta de biometano en su término municipal. Se trata ya de la tercera vez que se manifiestan contra este proyecto, y en esta ocasión han reclamado de forma expresa que se paralice, al considerar que su impacto empeorará la calidad de vida de los vecinos y perjudicará el entorno natural.
Alrededor de doscientos vecinos han participado en la protesta de este domingo contra lo que describen como una macroplanta de biometano que se pretende instalar en la localidad. La movilización ha contado con el respaldo de una plataforma vecinal de la zona del Camp de Túria y la Serranía, que se opone al proyecto por considerar que conlleva múltiples riesgos para el conjunto del territorio.
Entre los principales motivos de preocupación destaca el volumen de tráfico pesado que generaría la instalación. Según los cálculos de los vecinos, por la población podrían llegar a pasar hasta 128 camiones diarios, una cifra que, advierten, alteraría por completo la vida cotidiana del municipio y supondría una presión añadida sobre sus vías de comunicación.
A ese impacto se suman otros riesgos que denuncian los manifestantes, como la contaminación ambiental, los olores y el ruido, además de las consecuencias sobre la salud, la calidad de vida, el patrimonio y el entorno natural. Para los vecinos, la suma de todos estos factores convierte el proyecto en una amenaza directa para su forma de vida y para el paisaje de la comarca.
Una de las mayores inquietudes tiene que ver con el agua. Los vecinos temen que la contaminación derivada de los residuos pueda acabar afectando a los acuíferos, que conectan con el río Turia, lo que en su opinión supondría un verdadero desastre para toda la zona. No es justo y lucharemos para que esto no lo hagan, resumía uno de los participantes en la protesta.
Los manifestantes piden tanto al Ayuntamiento de Llíria como a la Conselleria de Medio Ambiente que paralicen el proyecto. Sin embargo, denuncian que los trámites administrativos siguen avanzando, por lo que la plataforma vecinal mantiene abierta la vía judicial con la confianza de que todavía sea posible frenar la instalación de la planta.