El Ayuntamiento de Palma ha puesto sobre la mesa una propuesta llamativa para tratar de aliviar la grave situación de emergencia habitacional que vive Baleares. El consistorio plantea transformar la antigua prisión de la ciudad, un edificio que durante años acogió a la población reclusa, en un complejo residencial de tipo co-living pensado para dar alojamiento a los trabajadores públicos que prestan servicios esenciales en las islas.
El proyecto supone dar una nueva vida a un recinto cargado de historia. En la antigua cárcel llegaron a malvivir alrededor de 200 personas, y ahora ese mismo espacio se reconvertiría en un lugar de residencia digna. La propuesta se enmarca en la necesidad de recuperar patrimonio arquitectónico de la ciudad y, al mismo tiempo, de generar vivienda en un contexto en el que el acceso a un alojamiento asequible se ha vuelto cada vez más difícil.
Según ha detallado el consistorio, el recinto albergará 139 unidades de co-living que se alquilarán de forma temporal a trabajadores considerados esenciales. Entre los colectivos a los que va dirigida la iniciativa figuran médicos, investigadores, profesores universitarios y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, perfiles que resultan clave para el funcionamiento de los servicios públicos en la ciudad y en el conjunto del archipiélago.
En cuanto a la distribución del espacio, las habitaciones tendrán una superficie de entre 16 y 40 metros cuadrados y se situarán en la primera planta del edificio. Las otras dos plantas quedarán reservadas para los espacios comunes, un elemento característico de la fórmula del co-living. Allí se ubicarán instalaciones compartidas como comedores, lavandería, cafetería o gimnasios, pensadas para la convivencia de los residentes.
El objetivo de fondo de la medida es frenar un problema que se ha agravado en los últimos tiempos. Muchos empleados públicos renuncian a trasladarse a las islas para trabajar debido a los elevados precios de la vivienda, lo que dificulta cubrir plazas esenciales. Con este complejo, el Ayuntamiento pretende ofrecer una alternativa de alojamiento que permita a esos profesionales instalarse sin tener que asumir un coste inasumible.
Desde el consistorio subrayan que la recuperación de la antigua prisión representa una oportunidad en varios frentes. Por un lado, permite generar vivienda en un momento de fuerte tensión en el mercado; por otro, contribuye a rescatar un edificio de valor arquitectónico. Además, se plantea como una vía para atraer talento y, sobre todo, para mejorar la prestación de los servicios esenciales que necesita la ciudad.
Con todo, el proyecto se encuentra aún en una fase inicial. El Ayuntamiento no ha concretado todavía cuáles serán los criterios para poder acceder a estas viviendas ni tampoco el precio de los alquileres. Una vez se licite la actuación, comenzarán las obras de rehabilitación, cuya duración se estima en torno a un año y medio, un plazo tras el cual el antiguo centro penitenciario podría abrir sus puertas ya convertido en un espacio residencial.