El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo del cuerpo, Manuel Llamas, en el marco de la causa conocida como el caso Leire. Se trata de una decisión de especial relevancia, al afectar a la máxima responsable del instituto armado.
La decisión del magistrado se ha adoptado a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó que ambos fueran investigados por presuntos delitos de prevaricación, previsto en el artículo 404 del Código Penal, y de obstrucción a la justicia, recogido en el artículo 464. El juez ha hecho suya esa petición e incorpora a los dos altos cargos a la investigación.
La instrucción se centra en una serie de reuniones que habrían mantenido la directora de la Guardia Civil y Leire Díez, exmilitante del PSOE, en el marco de la trama que se investiga en esta causa. El contenido de esos encuentros es uno de los puntos clave sobre los que gira ahora el procedimiento judicial.
Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, en esos encuentros se habrían abordado asuntos relacionados con la apertura de una investigación que afectaba a la propia unidad. De acuerdo con lo señalado por la UCO, entre septiembre y diciembre de 2024, y también en abril de 2025, se habrían producido al menos tres reuniones entre González y Díez.
La Fiscalía asume en su escrito la tesis planteada por la propia Guardia Civil a través de la UCO, y pide que se investigue la relación de los imputados con la presunta trama. De este modo, tanto la acusación pública como las acusaciones populares personadas en la causa sostienen la necesidad de esclarecer esos contactos.
El juez Pedraz ha citado a declarar a Mercedes González y a Manuel Llamas el próximo 16 de julio, a partir de las diez y cuarto de la mañana, en la sede de la Audiencia Nacional. Serán esas declaraciones las que permitan a los investigados dar su versión sobre los hechos que se les atribuyen.
La imputación sitúa a la actual directora general en el foco de un procedimiento judicial de fuerte carga política, dado el papel institucional que ocupa al frente de la Guardia Civil. A la espera de las declaraciones y del avance de la instrucción, queda por determinar el alcance de las responsabilidades que finalmente se depuren en el caso Leire.