El Govern vincula el aumento de las armas de fuego al narcotráfico y anuncia que pedirá endurecer las penas por llevar armas sin permiso. Es una respuesta a un fenómeno sobre el que los Mossos d'Esquadra ya alertaban desde hacía años de que podía pasar si no se ponía remedio.
El punto de partida son las cifras de este año. Los seis homicidios con arma de fuego en la vía pública registrados en Cataluña se vinculan al crimen organizado.
Ese crimen organizado que opera en Cataluña está ligado, a su vez, al tráfico de marihuana, ya sea como negocio principal o como negocio secundario. La marihuana actúa como un polo de atracción para que se arraiguen aquí las organizaciones criminales, lo que hace aumentar la tenencia de armas de fuego.
El problema, además, está muy concentrado en el territorio. Según el análisis, el 90% de los disparos y de las armas se han detectado en Barcelona y en la franja litoral que la acompaña, tanto por el norte como por el sur.
Ante esta situación, el Departamento de Interior y el Govern confían en que parte de la solución pueda venir de un endurecimiento de las penas. Así se lo trasladaron al ministro del Interior, que también tiene un problema de disparos y armas, sobre todo en el sur de España.
Se trata, eso sí, de una solución a largo plazo. Pasaría por cambios legislativos en la línea de endurecer las penas para las armas ilícitas, la tenencia y la exhibición de armas de fuego, con el objetivo de equipararse a la legislación europea.
El motivo de fondo es que, hoy por hoy, llevar un arma de fuego sale bastante gratis, y pocas veces supone acabar en prisión, no por una cuestión judicial o de la fiscalía, sino por la propia norma. Es una tendencia al alza en el uso de armas y en los homicidios que comparten otros países europeos, en paralelo al crecimiento del narcotráfico.