El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la posibilidad de conceder un indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y lo ha hecho en sentido contrario a esa medida de gracia. El alto tribunal ha trasladado su posición a través de un informe, en un asunto que mantiene abierta la cuestión sobre el futuro de quien fue la máxima autoridad de la Fiscalía.
En ese documento, los magistrados dejan claro que no aprecian motivos para respaldar el indulto. Según su valoración, no concurren razones de justicia, de equidad ni de utilidad pública que justifiquen la concesión de la medida. Es, en esencia, el fundamento sobre el que se sostiene su rechazo a la propuesta.
El tribunal subraya además la gravedad de lo ocurrido. Sostiene que los hechos fueron graves y que produjeron, según su propia expresión, una afectación importante de la institucionalidad del Ministerio Público, dada la relevancia de la función que desempeña la Fiscalía General del Estado, llamada a actuar como garante de la independencia judicial.
Pese a la contundencia de su contenido, el informe no cierra la puerta de manera definitiva. Se trata de un trámite preceptivo, es decir, de obligada solicitud, pero a la vez no vinculante. Eso significa que su conclusión no obliga a quien tiene que adoptar la decisión final sobre el indulto.
La última palabra, por tanto, no corresponde al tribunal sino al Ejecutivo. Si el Gobierno decide seguir adelante y conceder el indulto al exfiscal general del Estado, podría hacerlo, ya que es el Consejo de Ministros el que tiene la capacidad de resolver en última instancia, al margen de lo que recomiende el informe.
El origen de todo este proceso está en la condena que pesa sobre García Ortiz. Fue declarado culpable de un delito de revelación de datos reservados, en un asunto vinculado a información sobre González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La pena incluyó dos años de inhabilitación para ejercer el cargo y una indemnización de diez mil euros a González Amador por daños morales.
En la práctica, la inhabilitación implica que García Ortiz ya no podría volver a ejercer como fiscal general del Estado en ningún caso, puesto que el puesto está ahora ocupado por su sustituta, Teresa Peramato. Con el informe del Supremo ya sobre la mesa, la decisión sobre si se concede o no el indulto queda en manos del Gobierno.