Los lixiviados que escurren del relleno sanitario de Chiltepeque, en Puebla, se han convertido en un grave problema ambiental para las comunidades cercanas. De acuerdo con el reporte, durante las lluvias corren millones de litros de estos líquidos contaminantes, una situación que los habitantes vinculan incluso con afectaciones a la salud de quienes viven en las zonas aledañas.
El recorrido de esa contaminación no se queda en los alrededores del basurero. Los lixiviados llegan hasta la presa de Valsequillo, cuya agua se ocupa para el riego de 34 mil hectáreas de cultivos del Distrito 30 de Puebla, lo que significa que el problema termina por tocar directamente la producción agrícola de una amplia zona de la entidad.
Ante la situación, el 14 de mayo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró parcialmente el sitio de Chiltepeque. Sin embargo, casi cuatro semanas después de esa intervención, la contaminación seguía alcanzando cuerpos de agua ubicados a 500 metros, que es justamente la distancia que debe existir entre un relleno sanitario y un cuerpo de agua como lagos, lagunas y pozos.
Uno de los puntos más afectados es el poblado de Santo Tomás Chautla, donde el derrame de lixiviados ha provocado la contaminación de sus lagos. Esos cuerpos de agua son utilizados por la comunidad tanto para el riego de sus tierras como para dar de beber al ganado, por lo que el daño se extiende a las actividades de las que dependen las familias del lugar.
La preocupación de los pobladores quedó respaldada por sus propias mediciones. En 2025 realizaron un análisis de la calidad del agua en los jagüeyes, en el que revisaron 27 parámetros distintos. El resultado fue contundente, pues arrojó un alto riesgo de contaminación química en el agua que se encuentra en la zona y de la que dependen para sus labores diarias.
Pese a este panorama, el depósito cuenta con permiso para funcionar hasta el 30 de diciembre de 2025 y únicamente dentro del municipio de Puebla, según la concesión otorgada por el gobierno del estado en 2022. Frente a ello, los activistas no piden solo medidas temporales, sino que exigen directamente el cierre permanente del relleno sanitario.
El alcance del daño, advierten, ya llegó a las fuentes de agua de las que vive la población. Señalan que el pozo profundo que surte al pueblo está contaminado, al igual que los mantos acuíferos y freáticos que se encuentran a los lados, lo que convierte la contaminación del relleno en una amenaza directa para el abasto de agua de la comunidad.