En Sinaloa continúan las exigencias para revocar de sus puestos al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y a Enrique Inzunza Cázarez. Partidos de oposición insisten en que ambos deben dejar de manera definitiva los cargos que ocupaban en el gobierno estatal.
Entre sus señalamientos, la oposición denuncia que los dos funcionarios siguen cobrando sus sueldos íntegros pese a no estar cumpliendo, según afirman, con las responsabilidades que corresponden a sus cargos.
Los partidos opositores plantean que sea el Congreso del Estado el que analice la revocación del mandato del gobernador, quien actualmente se mantiene separado de su puesto a través de una licencia aprobada por el propio legislativo.
En el trasfondo del reclamo, tanto Rubén Rocha Moya como Enrique Inzunza Cázarez son señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones ante las que, según se indicó, ninguno de los dos ha fijado una postura pública más allá de las redes sociales. La oposición sostiene que el caso del senador Inzunza debe ser revisado también por el Senado de la República, pues, afirman, lleva el mismo periodo alejado de sus responsabilidades legislativas.
La regidora y presidenta del PRI en Mazatlán, Maribel Cholet, sostuvo que la sexagésima quinta legislatura debe desaforar a Rocha Moya y solicitar su renuncia definitiva, con el fin de poder nombrar a un gobernador sustituto que asuma la conducción del estado.
Cholet consideró que, de existir un verdadero contrapeso político, el desafuero ya se estaría promoviendo. Añadió que no se puede continuar con un interinato y, menos aún, con uno que a su juicio no está dando resultados para la entidad.
La dirigente priista subrayó que, como sociedad, exigirían que el eventual sustituto o sustituta no provenga de la misma corriente política, de manera que el relevo represente un cambio real y no una simple continuidad del actual gobierno.
Cholet detalló además que la propia Secretaría General de Gobierno permanece sin titular, ya que únicamente se designó a un encargado de despacho cuando se nombró a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina, situación que, afirmó, refleja la falta de estabilidad institucional en Sinaloa.