El manejo de la nómina educativa en México enfrenta una realidad incómoda en varios estados donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, conserva un poder sindical relevante. En esas entidades, la administración de los pagos al magisterio arrastra irregularidades que se han prolongado durante años, según se desprende de los registros disponibles sobre el tema.
De acuerdo con diversos registros y auditorías oficiales, desde 2018 se han detectado daños cercanos a los mil millones de pesos en salarios. El problema se concentra en pagos a docentes ausentes, a trabajadores no localizados y a personas ya fallecidas dentro del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, conocido como FONE.
Uno de los casos más graves se ubica en Oaxaca, considerado un bastión histórico de la sección 22 de la coordinadora. En la revisión de la cuenta pública de 2022, la Auditoría Superior de la Federación examinó los recursos transferidos al gobierno estatal y detectó pagos a trabajadores identificados como fallecidos por 2.6 millones de pesos, además de personal no localizado en sus centros de trabajo.
La situación se repite en Chiapas, otro estado con una presencia relevante de la misma coordinadora. En este caso, la cuenta pública de 2023 arrojó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 43.4 millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud de las irregularidades detectadas en la entidad.
El análisis de la auditoría no se limitó a las cantidades observadas. Según lo reportado, se señalaron incumplimientos normativos en materia educativa, contable, fiscal y en los tabuladores autorizados, lo que apunta a fallas de fondo en la forma en que se administran estos recursos públicos destinados a la educación.
Las indagatorias apuntan a un mecanismo que ayuda a explicar la persistencia del problema. Si bien los gobiernos estatales ejecutan formalmente los pagos, lo harían bajo la presión de marchas, paros masivos y plantones organizados por la coordinadora, factores que condicionan la gestión cotidiana de la nómina.
Esa presión, de acuerdo con lo expuesto, obligaría a las administraciones a mantener esquemas de opacidad. Entre ellos se mencionan la preservación de sueldos a personal comisionado sindical, la ausencia de informes sobre faltas laborales y el retraso deliberado en la actualización del padrón de bajas por muerte.