El registro obligatorio de líneas telefónicas en México, pensado como una herramienta contra la delincuencia, parece estar logrando justo lo contrario. En lugar de cerrar la puerta al crimen, habría abierto un mercado negro de chips que se vende a plena vista.
De fondo está la desconfianza. Crece el recelo entre los usuarios de teléfonos celulares a la hora de registrar sus líneas, porque temen que sus datos personales terminen mal utilizados, ya sea por las autoridades o por la propia delincuencia.
Esa resistencia se refleja en los números. Las líneas registradas alcanzan los 52 millones de aparatos, de un universo de alrededor de 150 millones de teléfonos en el país, una distancia que muestra cuánta gente todavía no ha querido entregar sus datos a la plataforma.
Mientras tanto, las ofertas de chips crecen como espuma. El problema es que muchos de esos chips se venden ya registrados, pero a nombre de otra persona, lo que abre la puerta directa a la suplantación de identidad.
El esquema es sencillo y peligroso. El titular de la línea puede ser una persona honesta que adquirió el servicio, pero el usuario real es alguien distinto, y ese usuario puede ser precisamente un delincuente. A ello se suma que también es fácil adquirir desde la frontera números de líneas del extranjero.
El comercio es visible. En el centro histórico de la Ciudad de México hay toda una fila de vendedores que ofrecen chips telefónicos ya registrados, bajo otro nombre y otra identidad, a un precio de entre 200 y 300 pesos. Así, el registro de líneas parece haber abierto un mercado negro que, por sí solo, no acabará con la extorsión, mientras incomoda al usuario honesto que sí entrega sus datos.