El Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso una multa de 777 millones de pesos a cuatro empleados de Segalmex, en una resolución vinculada al manejo de recursos públicos. La sanción económica se acompaña de una medida que afecta de manera directa su trayectoria como servidores públicos.
Además de la multa, los cuatro empleados fueron inhabilitados por 10 años para ejercer cargos dentro de la Administración Pública Federal. De esta forma, quedan impedidos para ocupar un puesto público durante una década, según la resolución.
Segalmex, el organismo en el que se desempeñaban los sancionados, se convirtió desde 2025 en Alimentación para el Bienestar. La entidad ha estado en el centro de uno de los casos de presunto desvío de recursos públicos de mayor relevancia en el país.
Entre los funcionarios señalados en este expediente figuran Miguel Carrillo Villarreal, quien fue director de Planeación y Precios de Garantía en Segalmex, y Oliverio Pérez Santoyo, exgerente de Operaciones. Ambos nombres aparecen entre los responsables vinculados al caso.
La investigación está relacionada con el programa Precios de Garantía. De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en este expediente se desviaron recursos de dicho programa, lo que dio origen a los procesos en curso.
El señalamiento contra los empleados se sustenta en el presunto abuso de funciones dentro de la operación del organismo. Las autoridades han subrayado la gravedad de las conductas detectadas en el manejo de los fondos públicos.
En el marco del mismo caso, las autoridades han informado que actualmente hay nueve exfuncionarios detenidos. El expediente de Segalmex se mantiene como uno de los procesos más seguidos en materia de combate a la corrupción y rendición de cuentas en México.