Un ultimátum de expulsión pesa en estos momentos sobre los migrantes en Sudáfrica, en medio de un clima de creciente presión contra las personas indocumentadas. La situación ha llevado a que miles de personas se encuentren a la espera de ser repatriadas, en un episodio que vuelve a poner el foco sobre las tensiones migratorias en el país.
El epicentro de esta espera se concentra en Durban, en el sureste de Sudáfrica, donde miles de personas aguardan su repatriación en campamentos improvisados. Estos asentamientos temporales se han convertido en el lugar donde permanecen quienes han quedado atrapados entre la presión para marcharse y la incertidumbre sobre cómo y cuándo podrán regresar a sus países.
La fecha clave en este proceso es el 30 de junio. Ese día vence la intimidación no oficial dirigida a que los inmigrantes indocumentados abandonen Sudáfrica, un plazo que no proviene de una orden formal del Estado, sino de la presión ejercida desde fuera de los canales oficiales.
Detrás de ese ultimátum se encuentran grupos antiinmigración, entre ellos uno identificado como March and March. Esta organización ha sido señalada por acciones xenófobas, y es una de las que han fijado el 30 de junio como la fecha límite para que los migrantes indocumentados se deporten de forma voluntaria, en un contexto marcado por diversas manifestaciones.
De manera paralela, el gobierno de Sudáfrica busca repatriar a miles de ciudadanos de países de la región a sus territorios de origen. Esta gestión oficial se desarrolla al mismo tiempo que la presión de los grupos antiinmigración, lo que añade complejidad a una situación en la que se entrelazan la actuación estatal y la intimidación no oficial.
La combinación de un plazo impuesto desde fuera de las instituciones y de campamentos llenos de personas a la espera dibuja un panorama delicado. Quienes se encuentran en los asentamientos de Durban dependen de que se concrete su repatriación, mientras el calendario marcado por los grupos antiinmigración se acerca a su vencimiento. Por su parte, las autoridades sudafricanas prometieron aplastar cualquier intento de desestabilizar a la nación durante las marchas previstas para el martes, que coinciden con el plazo fijado por los extremistas antiinmigrantes.
El caso vuelve a colocar a Sudáfrica en el centro de la atención por la cuestión migratoria y la xenofobia. La presión sobre los migrantes indocumentados, el papel de grupos como March and March y la respuesta de las autoridades configuran un escenario que se mantendrá bajo seguimiento a medida que se aproxime la fecha límite del 30 de junio.