La Corte Suprema de Chile revisa una serie de cuadernos de remoción contra funcionarios del Poder Judicial, en una jornada que incluye algunos de los casos más polémicos. Entre los expedientes que se analizan figuran los del juez Daniel Urrutia y de la jueza Karen Atala, dos de los nombres que concentran mayor atención.
El Pleno del máximo tribunal está reexaminando sumarios que en su momento terminaron con absoluciones o con sanciones menores. La idea es determinar si se ratifican esas decisiones o si se modifican los criterios con que fueron resueltas, lo que podría cambiar el desenlace de varios procesos disciplinarios.
El punto central del debate es la prescripción. Algunas Cortes de Apelaciones cerraron los sumarios al considerar vencidos los plazos para ejercer la potestad disciplinaria. La Corte Suprema, en cambio, analiza aplicar criterios desarrollados por la Tercera Sala que amplían ese plazo de dos a cinco años.
Con ese criterio más extenso, podrían reabrirse resoluciones que habían absuelto o sobreseído a funcionarios investigados. Entre ellos aparece el propio juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, cuyo sumario fue sobreseído por prescripción y que ahora volverá a ser examinado por el Pleno.
La discusión se vincula también con el acta 108-2024, que establece la posibilidad de sancionar actos reñidos con la probidad detectados en investigaciones administrativas hasta dos años hacia atrás. La definición que adopte la Corte Suprema sobre estos plazos será decisiva para el resto de los casos.
Desde la organización de trabajadoras y trabajadores judiciales expresaron preocupación. Su presidente, Marcelo Acevedo, advirtió que las revisiones se han concentrado principalmente en los magistrados y cuestionó las diferencias de criterio en las sanciones aplicadas a funcionarios de otros escalafones, señalando que la Tercera Sala ha tendido a respaldar las destituciones.
En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, Patricio Aguilar, indicó que antes de fijar una postura formal esperan conocer el criterio definitivo de la Corte Suprema respecto de la prescripción de los hechos investigados y la aplicación de las normas internas.