Una amplia manifestación ha recorrido Vigo para reclamar medidas urgentes contra los altos precios de la vivienda, un problema que según el último barómetro del CIS sigue siendo el que más preocupa a la sociedad española, según ha informado RTVE. La protesta llega en un momento en el que el acceso a un hogar se ha convertido en una de las principales fuentes de inquietud para buena parte de la población, especialmente entre quienes intentan emanciparse o cambiar de residencia.
La marcha ha sido convocada por la organización Alianza por la Vivienda, que ha trasladado a las administraciones un paquete de peticiones concretas. Entre ellas figuran la vuelta de las prórrogas obligatorias de los contratos de alquiler, una mayor seguridad jurídica para los contratos de temporada y la declaración de Vigo como zona de mercado tensionado, una figura que permitiría aplicar límites a los precios del arrendamiento en la ciudad, entre otras medidas.
Los convocantes han puesto el foco en las consecuencias sociales de la situación. Según han denunciado, el elevado precio de la vivienda coloca a un número creciente de jóvenes al borde de la pobreza, al obligarles a destinar una parte muy elevada de sus ingresos a pagar un techo. Para muchos de ellos, la simple posibilidad de independizarse se ha vuelto un objetivo difícil de alcanzar con los sueldos actuales.
Los testimonios recogidos durante la jornada reflejan esa dificultad. Varios participantes han explicado que, con la edad que tienen, les cuesta muchísimo trabajo poder independizarse y abandonar la casa familiar. Para la mayoría de los jóvenes, además, la compra de una vivienda resulta directamente imposible, lo que ha provocado en los últimos años un fuerte desplazamiento hacia el alquiler de un número cada vez mayor de familias.
Las cifras manejadas ilustran la magnitud del esfuerzo que supone hoy pagar una vivienda. Casi el 20 por ciento de los jóvenes realiza lo que se considera un sobreesfuerzo, es decir, destina más del 40 por ciento de sus ingresos a costear su alojamiento. Ese porcentaje supone el doble de la media nacional, una señal del peso desproporcionado que la vivienda tiene sobre las economías más jóvenes.
A esa presión se suma la escasez de alternativas asequibles. La falta de vivienda pública empuja a muchos jóvenes hacia el alquiler en el mercado libre, que es la forma más cara de vivir. En España, solo el 3 por ciento del parque de vivienda es público, una proporción muy alejada de la media europea, que ronda el 8 por ciento y que sirve de referencia para medir el retraso del país en esta materia.
Para acercarse a ese nivel, harían falta otras 900.000 viviendas públicas, un objetivo que requiere tiempo, ya que la construcción no es inmediata y se prolonga durante años. Mientras tanto, se apuntan otras posibilidades para ampliar el parque disponible, como la compra de viviendas ya existentes, en un contexto en el que las movilizaciones como la de Vigo buscan mantener la presión sobre las administraciones para que actúen.