El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado la senda de estabilidad de las comunidades autónomas para los próximos tres años. Según lo retransmitido por RTVE, la decisión ha salido adelante pese a los votos en contra del Partido Popular, lo que marca el arranque formal del proceso presupuestario que el Gobierno pretende impulsar en los próximos meses. La reunión con las comunidades autónomas se ha celebrado precisamente para fijar esa senda, considerada un paso imprescindible antes de elaborar las nuevas cuentas.
En términos concretos, el Ejecutivo ha planteado una senda de estabilidad equivalente al 0,1 por ciento del PIB para las comunidades autónomas durante los próximos tres años. A ello se suma un objetivo de déficit del 1,5 por ciento para 2027 correspondiente a la Administración Central, cifras que configuran el marco de referencia sobre el que se construirán los futuros presupuestos y el reparto del esfuerzo fiscal entre las distintas administraciones.
La aprobación de esta senda constituye un paso previo para poder aprobar los presupuestos. Sin embargo, el camino no termina en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que los objetivos fiscales, una vez aprobados por el Consejo de Ministros, deberán ser validados por el Congreso de los Diputados. Se trata de un trámite que en años anteriores ha resultado especialmente complicado, puesto que la Cámara ya ha rechazado en el pasado objetivos de este tipo.
Ese es precisamente el principal obstáculo para el Gobierno, que necesita reunir los apoyos de sus socios de investidura para sacar adelante tanto la senda como, más adelante, los propios presupuestos. La aritmética parlamentaria obliga al Ejecutivo a negociar con las distintas formaciones que le respaldan, en un contexto en el que cada votación se convierte en una prueba para la estabilidad de la legislatura.
El Partido Popular, por su parte, ha votado en contra de la senda de estabilidad y ha anticipado que no apoyará los presupuestos. Desde las comunidades gobernadas por los populares se ha cuestionado el planteamiento del Gobierno, mientras que el Ejecutivo defiende que no todas las autonomías se encuentran en la misma situación financiera y que la senda ofrece una oportunidad para empezar a paliar los problemas de financiación de algunos territorios, para lo que contempla la posibilidad de fijar objetivos de déficit asimétricos.
El Gobierno enmarca esta senda en lo que describe como el crecimiento económico y social del país en los últimos años, que a su juicio permite plantear un techo de gasto de cierta magnitud. Según ha señalado, las cuentas que presentará incluirán recursos destinados a materias como la vivienda, las becas, la dependencia, la lucha contra la violencia machista o la inversión en investigación y desarrollo, que el Ejecutivo sitúa entre sus prioridades presupuestarias.
De cara a los próximos pasos, el calendario contempla la búsqueda de los apoyos necesarios en el Congreso, con la previsión de un segundo intento el día 23 en caso de que la primera votación no logre reunir los respaldos suficientes. El resultado de esos trámites será determinante para saber si el Gobierno consigue avanzar hacia la aprobación de unos presupuestos que, de momento, dependen de un equilibrio parlamentario ajustado.