David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Así lo ha establecido la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, que pone fin a la fase de enjuiciamiento de un procedimiento seguido con enorme atención por sus implicaciones políticas y que se centraba en la forma en que fue contratado en la Diputación provincial.
El hermano del jefe del Ejecutivo se sentaba en el banquillo acusado de dos delitos, uno de prevaricación y otro de tráfico de influencias. Finalmente, el tribunal lo ha condenado por el delito de prevaricación, la figura que en el ordenamiento español castiga las resoluciones injustas dictadas a sabiendas por quien ejerce una función pública, y que en este caso se ha traducido en una prolongada pena de inhabilitación para el ejercicio de cargos.
La condena no ha recaído únicamente sobre David Sánchez. El que fuera líder de los socialistas extremeños y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha resultado igualmente condenado en esta causa. Además de las penas impuestas, ambos deberán hacerse cargo del pago de la mitad de las costas procesales derivadas del juicio, tal y como ha quedado fijado en la resolución dictada por el tribunal pacense.
Pese a la severidad de la condena, tanto David Sánchez como Miguel Ángel Gallardo se libran de entrar en prisión, ya que la pena impuesta es de inhabilitación y no de privación de libertad. Las acusaciones populares que ejercían en el procedimiento habían llegado a solicitar para ellos hasta seis años de cárcel, una petición que finalmente no ha sido acogida por el tribunal a la hora de fijar el alcance de las penas.
Según recoge la sentencia, el núcleo de los hechos enjuiciados se encuentra en la colocación del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz a través de un puesto creado a su medida. David Sánchez llegó a desempeñar tareas de coordinación de los conservatorios de música de la provincia, un cargo cuya creación y cobertura ha estado en el centro de la controversia durante todo el desarrollo del proceso judicial.
La resolución no es firme, puesto que la ley prevé la posibilidad de recurrirla ante una instancia superior. Tanto David Sánchez como Miguel Ángel Gallardo disponen ahora de un plazo de diez días para presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que deberá revisar el fallo. Hasta que ese trámite se resuelva, la condena queda pendiente de una eventual confirmación o revisión por parte de ese tribunal.
El fallo se conoce en un momento de fuerte tensión política, con varias causas judiciales abiertas que afectan al entorno del presidente del Gobierno. La condena al hermano de Pedro Sánchez se ha convertido de inmediato en un nuevo foco de confrontación entre el Ejecutivo y la oposición, que llevan semanas midiendo sus fuerzas en torno a estos asuntos y que ya han trasladado sus respectivas lecturas del alcance de la sentencia.