El sacerdote conocido como padre Fran, cura de Vélez-Málaga, ha sido condenado a 52 años de prisión. Según lo retransmitido por RTVE, la Audiencia de Málaga ha dictado una dura sentencia contra el religioso, cerrando así un caso que ha causado una fuerte conmoción y en el que la propia Iglesia se ve señalada por su responsabilidad.
El tribunal ha considerado al cura autor de varios delitos. De acuerdo con lo retransmitido por RTVE, la Audiencia de Málaga le atribuye cuatro delitos de abuso sexual y, además, un delito de descubrimiento y revelación de secretos, unos cargos que sustentan la elevada pena de cárcel impuesta al acusado.
El núcleo de la causa está en la forma en que se cometieron los hechos. Según lo retransmitido por RTVE, el sacerdote drogó a cuatro mujeres para abusar de ellas y grabarlas, valiéndose de esa situación para cometer las agresiones por las que ahora ha sido condenado, lo que agrava especialmente la valoración que el tribunal ha hecho de su conducta.
El propio cura documentaba lo que hacía. De acuerdo con lo retransmitido por RTVE, era él mismo quien grababa y fotografiaba las agresiones, unos hechos que, según la investigación, se prolongaron durante varios años, concretamente entre 2014 y 2018, un periodo en el que actuó sin que su comportamiento saliera a la luz.
La dimensión del caso quedó al descubierto con el material hallado. Según lo retransmitido por RTVE, en la investigación se localizaron una cámara oculta, alrededor de 1.600 vídeos y más de un centenar de mujeres que habían sido grabadas sin su conocimiento, unas cifras que ilustran el alcance de las prácticas atribuidas al sacerdote.
La sentencia contempla también una reparación económica para las afectadas. De acuerdo con lo retransmitido por RTVE, se impone una indemnización para las víctimas superior a los 400.000 euros, una cantidad de la que, además del propio condenado, tendrá que responder de forma subsidiaria la Iglesia, lo que la sitúa directamente ante las consecuencias del caso.
Con esta resolución, la Audiencia de Málaga pone fin a la fase de enjuiciamiento de un caso especialmente grave por la condición del acusado y por el número de mujeres afectadas. La condena a 52 años de prisión y la responsabilidad económica reconocida marcan un punto de inflexión en un proceso seguido con atención por su repercusión social.