La jueza que investigaba a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido archivar la causa que se seguía contra él por la difusión de los datos de dos periodistas. Con esta decisión, la magistrada Raquel Robles pone fin, al menos en esta fase, a un procedimiento que había tenido una notable repercusión política.
Rodríguez, que además fue secretario de Estado de Comunicación en un Gobierno anterior, estaba siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos. El origen del caso se encontraba en el envío a un chat de los datos de dos periodistas del diario El País, que trabajaban en una información relacionada con un asunto de fraude fiscal.
Ese asunto afectaba a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, cuya situación fiscal había sido objeto de distintas informaciones periodísticas. Los dos periodistas habían sido identificados en las inmediaciones del domicilio de la pareja, un episodio que se situó en el centro de la polémica sobre el origen de esas imágenes y datos.
En su resolución, la jueza concluye que las fotografías y los datos difundidos no procedían de los agentes encargados de la escolta de Ayuso que ese día identificaron a los periodistas, sino que la imagen habría sido remitida por un vecino. Esa apreciación resulta determinante para descartar que se filtrara información obtenida por medios policiales.
La magistrada añade, además, que los datos personales de los periodistas ya se encontraban publicados en la propia página web del medio de comunicación en el que trabajaban. Sobre esa base, considera que no concurren los elementos necesarios para sostener la existencia del delito que se investigaba.
El procedimiento había tenido un recorrido singular. La jueza había decidido en un primer momento no abrir diligencias sobre este asunto, pero se vio obligada a hacerlo por decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, después de una querella presentada por el PSOE y de una demanda interpuesta por los dos periodistas afectados.
El archivo de la causa se produce tras haber tomado declaración a Miguel Ángel Rodríguez y a Alberto González Amador en el marco de la investigación. La decisión, contra la que cabe recurso, se suma al conjunto de procedimientos judiciales que en los últimos meses han rodeado el entorno de la presidencia madrileña.