El Tribunal Supremo ha decidido no suspender, de manera cautelar, la aplicación del proceso extraordinario de regularización de migrantes en España. Según lo retransmitido por RTVE, con esta decisión el alto tribunal rechaza la petición que habían formulado la Comunidad Valenciana y Aragón, las dos autonomías que impugnaron el decreto y que reclamaban frenar su aplicación mientras se resolvía el fondo del asunto.
Además de no paralizar el decreto, el Supremo tampoco considera procedente, en este momento procesal, consultar a la justicia europea sobre la cuestión. Es decir, descarta preguntar al tribunal de la Unión Europea si la regularización de migrantes choca con el derecho comunitario, un paso que habría abierto un largo periodo de incertidumbre sobre la validez del proceso.
La decisión resulta especialmente relevante porque el propio tribunal había dejado entreabierta esa posibilidad hacía apenas una semana. Fue el 30 de junio, precisamente el mismo día en que terminaba el plazo para solicitar la regularización, cuando el Supremo planteó tener dudas a raíz de los recursos de las dos comunidades autónomas, lo que había generado cierta inquietud entre los solicitantes.
Sin embargo, tras escuchar las alegaciones de todas las partes, el alto tribunal ha optado finalmente por no elevar el caso a Europa y por no suspender el decreto. En su razonamiento, el Supremo se remite a los mismos argumentos que ya había esgrimido en el mes de mayo, cuando resolvió en un sentido similar ante los recursos presentados entonces por la Comunidad de Madrid y por Vox.
De este modo, el proceso de regularización se mantiene en vigor, después de un plazo de solicitudes que se cerró a finales de junio y al que se acogió un número muy elevado de personas. La resolución despeja, al menos por ahora, las dudas que se habían generado entre quienes habían presentado su solicitud y temían que el procedimiento pudiera quedar en suspenso por la vía judicial.
El asunto se enmarca en un contexto de fuerte pulso político en torno a la política migratoria en España, con posiciones enfrentadas entre el Gobierno y parte de la oposición y de los ejecutivos autonómicos. La decisión del Supremo, en todo caso, se limita al plano cautelar y a la cuestión de la consulta europea, mientras el debate de fondo sobre la regularización sigue abierto.