El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión por su papel en el llamado caso Mascarillas, en una sentencia cuya lectura estaba citada para las 12 del mediodía. El alto tribunal impone también 19 años de cárcel a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama, el empresario considerado el conseguidor de la trama.
En el caso de Aldama, el tribunal acuerda suspender el cumplimiento de la pena de prisión a cambio de que realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad, presente un informe semestral de actividades y cumpla la condición de no volver a delinquir. Los magistrados justifican ese trato en su colaboración con la justicia y en su aportación al descubrimiento de los delitos.
La sentencia, adoptada por unanimidad, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción. El fallo da por probada la adjudicación irregular del suministro de 13 millones de mascarillas a Puertos del Estado y a otro organismo, a una empresa vinculada a Aldama, con una remuneración mensual de 10.000 euros para gastos fijos de Ábalos.
El tribunal sostiene además que los hechos provocaron un grave deterioro de la confianza de los ciudadanos en el sistema político por la corrupción. La lectura del fallo se rodeó de precauciones: el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, blindó la sala y ordenó retirar los teléfonos móviles para evitar cualquier filtración de la sentencia antes de su comunicación oficial.
Durante el juicio, tanto Ábalos como Koldo García negaron haberse enriquecido con la compra de mascarillas durante la pandemia. Frente a ellos, Víctor de Aldama, el tercer acusado, confesó que la trama escogió a una de sus empresas, Soluciones de Gestión, a cambio de mordidas, y aseguró que pagaba a los otros dos en efectivo, con viviendas por toda España o con otro tipo de servicios.
Aldama relató que en ocasiones recurría a intermediarios, como una empresaria que declaró haber llevado dinero a la sede socialista de Ferraz en dos pagos de 45.000 euros cada uno. Preguntado por si recibía 10.000 euros al mes, Ábalos lo negó, aunque admitió haber manejado algunos billetes de 500 euros. Para la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el verdadero jefe de la trama era el propio Aldama, bajo la idea de que quien paga manda.
En esas sesiones, que se prolongaron durante un mes y con decenas de testigos, también se abordaron asuntos como el rescate de Air Europa o la contratación de la expareja de Ábalos en empresas vinculadas al Ministerio de Transportes. El exministro, que se declaró totalmente destrozado, y Koldo García se presentaron como víctimas de lo que describieron como una opresión mediática, mientras el fallo del Supremo cierra ahora la fase de enjuiciamiento de uno de los casos de corrupción más mediáticos de los últimos años.