La alcaldesa de Tenancingo, en el Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, fue imputada por la presunta simulación de su propio secuestro. Según la acusación de la fiscalía, la edil morenista habría fabricado un montaje con el fin de desfalcar al municipio por una cantidad cercana a los 40 millones de pesos.
La propia funcionaria ha rechazado los señalamientos y se ha presentado como víctima de una persecución política. Tras hacerse público el caso a través de sus redes sociales, señaló como responsable de esa persecución a la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, a cargo de Horacio Duarte Olivares, y agradeció las muestras de solidaridad que dijo haber recibido de familiares, amigos y ciudadanos.
De acuerdo con la información disponible, el 1 de junio la hoy imputada acudió al Ministerio Público para denunciar su supuesto plagio. Pese al proceso abierto en su contra, la alcaldesa sigue ocupando su cargo y además preside el Consejo Estatal de Morena en el Estado de México.
En el plano institucional, la Fiscalía de Combate a la Corrupción y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México ya investigan el presunto desfalco del ayuntamiento. La audiencia de la alcaldesa por el delito de simulación de secuestro quedó fijada, según lo reportado, para el próximo 9 de julio.
Las indagatorias de la fiscalía apuntan en una dirección distinta a la versión de la denunciante. Según lo reportado, la alcaldesa y sus presuntos captores habrían decidido suspender el plan al percatarse de la movilización policial que se había desplegado para localizarla.
Como parte de las pesquisas, las autoridades habrían reunido material sobre lo ocurrido durante esas horas. La fiscalía sostiene que cuenta con imágenes que no muestran actos de violencia, resistencia o sometimiento, sino, según su interpretación, todo lo contrario.
Con base en esa evidencia, la postura de la fiscalía es que la funcionaria habría colaborado en todo momento con quienes participaron en la supuesta privación de la libertad. Por esa razón, el caso se sostiene en la hipótesis de un secuestro simulado y no de un plagio real.
El asunto permanece en el terreno judicial, con la imputación ya formulada en contra de la alcaldesa, quien conserva la presunción de inocencia mientras avanza el proceso. Su defensa insiste en la versión de un secuestro real, en contraste con la acusación que mantiene la fiscalía sobre un montaje.