El presidente del Consejo de Productividad advierte que confiar en la productividad artificial para financiar la jubilación es una ilusión peligrosa para el futuro del sistema español.
La frase es tajante y suena a palmo de agua en una sociedad obsesionada con la tecnología. Juan Francisco Jimeno, presidente del Consejo de Productividad de España, ha declarado que tenemos que olvidarnos de la idea de que la inteligencia artificial nos vaya a pagar la pensión. No se trata de un debate teórico sobre el futuro del empleo, sino de una advertencia directa sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social en un momento de cambio demográfico acelerado.
Jimeno intervino el miércoles pasado en la XII Jornada sobre Planes de Pensiones en España, un evento organizado por CincoDías e Ibercaja donde los expertos suelen buscar consensos. Sin embargo, en esta ocasión, el tono fue de ruptura con el optimismo ingenuo que suele rodear a las narrativas tecnológicas. El mensaje central es claro: la adopción masiva de la IA no garantiza automáticamente un colchón financiero para las generaciones futuras si no cambiamos la estructura contributiva actual.
Esta intervención llega en un contexto de incertidumbre donde la esperanza tecnológica se ha convertido en una estrategia política y social para aliviar la presión fiscal. Jimeno desmonta esa narrativa recordando que la tecnología es una herramienta de proceso, no una fuente de riqueza autónoma que caiga del cielo. La responsabilidad de financiar las jubilaciones sigue recayendo en las cuentas públicas y en la capacidad de generación de riqueza real de la economía española, no en los algoritmos de las grandes tecnológicas.
La trampa de la productividad
El sistema de pensiones español funciona bajo un modelo de capitalización intergeneracional, donde los trabajadores de hoy financian la jubilación de quienes se retiran. Jimeno argumenta que este esquema, diseñado en el siglo pasado, está roto debido a los cambios demográficos y a la velocidad con la que la tecnología está transformando el mercado laboral. La ilusión de que las ganancias de productividad por la IA compensen este déficit es, según su visión, matemáticamente inviable bajo las reglas actuales.
Para entender la gravedad de la situación, basta con mirar los datos de crecimiento. Jimeno calificó la tasa actual de crecimiento de la productividad española de ridícula, situándola en apenas medio punto porcentual. A este ritmo, sería imposible cubrir la deuda social acumulada solo con mejoras técnicas. La tecnología puede ayudar, pero no es una varita mágica que resuelva problemas estructurales de financiación pública que requieren decisiones políticas valientes.
La brecha entre el coste de las pensiones y la capacidad de recaudación de las empresas se ha ensanchado peligrosamente. Mientras la esperanza de vida aumenta y la natalidad cae, la base de cotizantes se estrecha. Esperar que la IA cierre esta brecha es ignorar que la productividad medida en euros por hora trabajada no ha mostrado el despegue necesario para sostener este modelo sin reformas profundas en las edades de jubilación y en los importes de las prestaciones.

Adopción rápida, resultados invisibles
Hay una paradoja interesante que emerge del análisis del Consejo de Productividad. Por un lado, la adopción de la IA en las empresas españolas es inusualmente rápida, más veloz que en otras revoluciones industriales previas. Un cuarto de las empresas ya utiliza esta tecnología y alrededor de la mitad de los trabajadores la integran en sus rutinas diarias. Pero, por otro lado, esa velocidad no se ha traducido en una destrucción masiva de empleo, ni tampoco en un incremento claro y medible de la productividad agregada.
Jimeno señala que aún no hay pruebas concluyentes de que la IA haya destruido el empleo, pero tampoco de que haya disparado la eficiencia. Los trabajadores del Banco de España, por ejemplo, reportan ahorrar 30 minutos al día gracias a estas herramientas. Es tiempo liberado, sí, pero ese tiempo no aparece todavía en las estadísticas macroeconómicas como un salto cualitativo en la producción. Habrá que redefinir los puestos de trabajo para que el trabajo humano y la tecnología se complementen de verdad, no solo se superpongan.
La falta de datos concretos sobre el impacto económico real crea un vacío informativo que la industria tecnológica aprovecha para generar expectativas infladas. Mientras las empresas informales hablan de automatización total, la economía real muestra una adaptación gradual donde el factor humano sigue siendo determinante. Esta desconexión entre el discurso de marketing y la realidad operativa impide diseñar políticas públicas basadas en evidencias sólidas sobre cómo la tecnología está afectando realmente al bolsillo de los trabajadores españoles.

El espejo de las gestoras
Mientras España debate su modelo de pensiones, el sector financiero global está reconfigurando sus activos para adaptarse a esta realidad. Un ejemplo claro es la reciente operación cerrada por Marsh, que ha completado la compra de la gestora española AltamarCAM. Esta adquisición eleva los activos bajo gestión del grupo en mercados privados a unos 66.600 millones de euros, una cifra que refleja la confianza de los grandes inversores en activos alternativos a largo plazo.
La integración de AltamarCAM, fundada por José Luis Molina y Claudio Aguirre, muestra cómo el capital institucional busca diversificarse y blindarse frente a la volatilidad. Molina liderará ahora la plataforma internacional de mercados privados de Marsh, una señal de que las grandes fortunas están apostando por estructuras más complejas y menos dependientes de los mercados de renta variable tradicionales. En un entorno donde la productividad es incierta, el capital migra hacia activos que ofrecen estabilidad y crecimiento a largo plazo.
Esta tendencia no es aislada. La salida de Permira del capital de AltamarCAM y la consolidación de la marca Marsh ilustran una industria que se está volviendo más global y más enfocada en la eficiencia operativa. Para los ahorradores españoles, esto significa que las opciones de inversión fuera del sistema público son cada vez más sofisticadas y accesibles, algo que debería ser parte de la conversación sobre el futuro de las pensiones. La profesionalización del sector privado ofrece alternativas reales, aunque no sustituyan la red de seguridad pública.

Más allá de la volatilidad
En el otro extremo de la espectro financiero, figuras como Peter Dougherty, planificador financiero para estadounidenses en España, cuestionan los fundamentos mismos de cómo medimos el riesgo. Su argumento es provocador: la volatilidad no es el riesgo. Para Dougherty, el verdadero riesgo es no tener lo que se necesita cuando se lo necesita, como quedarse sin dinero en la jubilación. Esta perspectiva cambia el foco desde la fluctuación de precios a la solvencia personal a largo plazo.
Esta visión choca con la teoría de carteras moderna, que asume que una mayor variación en los precios implica mayor riesgo. Dougherty critica esa simplificación y aboga por una planificación financiera que integre objetivos vitales con la gestión de la inversión. En un contexto donde la IA puede cambiar las reglas del juego laboral, alinear la planificación con la inversión no es un lujo, es una necesidad para asegurar que el ahorro de hoy sea suficiente para el mañana. La estabilidad psicológica del ahorrador depende de entender su propia capacidad de resistencia al tiempo.
La complejidad de los instrumentos financieros actuales exige una alfabetización financiera mucho mayor que la de generaciones anteriores. Los inversores ya no pueden depender solo de la inercia del mercado, sino que deben construir estrategias activas que protejan su poder adquisitivo frente a la inflación y a los cambios estructurales. La educación financiera se convierte así en un pilar tan importante como la propia regulación del mercado de pensiones para garantizar el bienestar de los ciudadanos españoles.
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